Continúan las vistas para evaluar proyecto que busca crear nueva Ley de Vacunación de Estudiantes

Este miércoles, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes reanudó las audiencias públicas para discutir el Proyecto de la Cámara 1948, que busca crear la nueva “Ley de Vacunación de Estudiantes”

A la vista acudió el doctor Gerardo Tosca, presidente de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría (SPP), quien rechazó la medida. Tosca planteó que aprobar el proyecto cameral, sería totalmente contrario a los esfuerzos mundiales de eliminar las enfermedades infecciosas prevenibles. 

“Este proyecto de ley, contrario a la Ley 25, deja sin la protección necesaria de requerimientos de vacunación a nuestros niños desde 0 a 4 años, cuando la ciencia nos dice que las vacunas son absolutamente necesarias desde temprana edad”, expuso el presidente de la SPP.

A este reclamo en contra de la medida, se unió el presidente del Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico (CMC), el doctor Carlos Díaz Vélez.

“Las posturas para la derogación de la Ley 25 son las que han ocasionado el resurgimiento de enfermedades previamente controladas o erradicadas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la vacilación ante las vacunas es una de las principales amenazas para la salud global, ligada a brotes de sarampión, poliomielitis, y la tos ferina”, comunicó Díaz Vélez por escrito.

“Este proyecto de ley, en esencia, inserta al Estado en una corriente ideológica anti-ciencia que viene ganando adeptos en lo que ha sido descrito como una nueva época de oscurantismo”, concluyó el presidente del CMC.

También se expresó en contra del proyecto cameral, la presidenta de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP) y de la Universidad Central del Caribe (UCC), la doctora Waleska Crespo Rivera. “Es el Gobierno el que principalmente tiene que proteger el derecho fundamental a la salud, y establecer programas para fortalecer los sistemas de salud”, sostuvo Crespo Rivera.

En representación del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM) y la rectora interina Dharma Vázquez Torres, compareció la doctora Inés Esquilín, infectóloga pediátrica. RCM sostiene que “las vacunas son seguras y pasan por un proceso riguroso de evaluación por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) previo a ser aprobadas.”

“Algunos grupos alegan que nuestro sistema inmunológico se debilita a mayor exposición a antígenos de las vacunas. Este concepto no es correcto ni tiene base científica. Por el contrario, las vacunas y su administración simultánea estimulan a nuestro sistema inmunológico a producir anticuerpos que nos protegen”, afirmó la rectora interina del RCM mediante memorial explicativo.

“Podemos hablar de la alimentación y de las vitaminas, pero no hay nada superior a la vacunación, que esté documentado científicamente. Si se deroga la Ley 25, se pierde la inmunidad de rebaño”, agregó la doctora Esquilín. 

“Si el Estado dependiera de la buena voluntad, o del deseo de una comunidad o población regulada a cumplir con normas de salud pública vitales, muy pocos de los cambios sociales o los comportamientos orientados al bien general común, se darían”, lee el escrito de Vázquez Torres del RCM.

En cambio, el licenciado y sacerdote católico Carlos Pérez Toro, acudió para mostrar su apoyo al proyecto de ley. Basándose en el derecho a la Libertad de Conciencia, Pérez Toro aseguró que debería considerarse como fundamental el derecho de los padres a rechazar las vacunas en nombre del menor.

“La falta de informar a los padres para que sean ellos los que últimamente decidan sobre lo que conviene para la salud de sus hijos, llevaba a decisiones gubernamentales sobre vacunación forzosa que muchas veces no eran basadas en la necesidad de proteger a la comunidad escolar de enfermedades contagiosas”, insistió el licenciado. El Proyecto de la Cámara 1948, tiene como finalidad derogar la Ley de las Inmunizaciones Compulsorias a los Niños Pre-escolares y Estudiantes (Ley Núm. 25 de 1983), para salvaguardar los derechos parentales y la libertad religiosa.

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